Investigación · Vivienda
Desalojos de Punta Arenas a San Antonio: las familias que el Estado manda a ninguna parte
En Punta Arenas, el plazo para salir de Villa Las Etnias vence el 19 de octubre. En San Antonio, 2.500 personas de Placilla tienen orden para febrero. El último catastro de Techo contó 447 campamentos con amenaza de desalojo.
Punta Arenas: Villa Las Etnias
En esta toma hay unas 102 viviendas, 83 de ellas inscritas en el catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda. El Serviu de Magallanes les dio plazo hasta el 19 de octubre para irse. Las familias presentaron un recurso de protección: la Corte de Apelaciones lo acogió a trámite, pero no frenó el desalojo mientras resuelve. El Serviu dice que el terreno es suyo y que hay riesgo sanitario. Las familias responden que llegaron hace más de diez años porque no tenían otra opción, que la municipalidad las reconoce como junta de vecinos, y piden al menos seis meses más, según La Prensa Austral.
San Antonio: Placilla
Unas 2.500 personas viven en 1.042 lotes de esta toma, ocupada desde 2019. En julio, la Corte Suprema ordenó devolver el terreno a Inmobiliaria Bellavista y Agrícola Alto Miramar. La nueva orden de desalojo fija plazo hasta febrero de 2027. Los pobladores presentaron una demanda para que se respete el debido proceso y piden usar la ley 20.234, que permite regularizar ciertos asentamientos en el mismo lugar, según Radio Nuevo Mundo.
El cuadro nacional
El catastro 2024-2025 de Techo-Chile contó 1.428 campamentos en el país. 447 tenían alguna amenaza de desalojo, que afectaba a unas 43.700 familias, con más de 30 mil hogares con niños, niñas o adolescentes. Valparaíso (98), Biobío (65) y Antofagasta (60) eran las regiones con más casos, según La Tercera.
Lo que falta saber
No hay una cifra oficial actualizada de desalojos en curso en 2026. Tampoco está claro qué solución habitacional se ofrece a las familias de Villa Las Etnias ni a las de Placilla.
Nuestra lectura
Nadie vive en una toma por gusto. Desalojar sin una solución de vivienda es solo mover el problema a otra parte, y cargarlo sobre los niños. La ley ya permite regularizar campamentos: lo que falta es voluntad política para usarla en favor de las familias y no de las inmobiliarias.
Investigación de Pueblocracia a partir de datos públicos y reportes de prensa. Las cifras indican su fuente original.
Fuentes: La Prensa Austral · Radio Nuevo Mundo · La Tercera (catastro Techo)